Los últimos casos que cobraron visibilidad de violencia sufrida por niñas, adolescentes y mujeres indígenas es solo la punta del ovillo de una situación que se arrastra históricamente contra los pueblos indígenas y es tanta también la violencia sistemática también institucional traducida en la omisión por parte de organismos del Estado de dar cumplimiento a la obligación de proteger a su población, afirmó Tina Alvarenga, antropóloga y especialista en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Y es esa protección que debería manifestarse a través del ofrecimiento real de servicios y políticas públicas para que los pueblos indígenas accedan en igualdad de oportunidades a empleo, salud y educación y el aumento de la pobreza que se ve de por sí en población no indígena es mucho más grave dentro de las comunidades.

“La violencia se evidencia hoy en las muertes de mujeres y niñas y son situaciones que pasa en su gran mayoría el pueblo Mbya que según estudios fueron expulsados del 75% de sus territorio durante largos años y sin una alternativa de proceso de adaptación a nuevas situaciones y es cuando ese desplazamiento forzoso se da en un contexto donde ingresan otros elementos como el alcoholismo y el consumo de otras sustancias vinculadas al consumismo y ese joven indígena hoy está expuesto, ya no está aislado”, explica Alvarenga.

Cuestionó qué hace el Estado paraguayo para dar cumplimiento a lo que establece la Constitución Nacional sobre la protección de los pueblos indígenas.

“Hasta ahora lo que se da es una intervención clasista, asistencialista e inmediatista, hay mucha dejadez del Estado le dan víveres y vuelven a sus comunidades y los dejan allí, lo que se debe hacer es un trabajo de campo, constante a corto, mediano y largo plazo con gente especializada instalada para abordar la realidad desde las comunidades”, apuntó.

Según Alvarenga, los cambios solo se darán cuando se concreten respuestas integrales, inmediatas y urgentes y cuando las autoridades competentes hagan su trabajo, busquen y castiguen a los culpables aplicando castigos ejemplares y no dejar impune la muerte o la violencia ejercida contra los indígenas.

“Si no se actúa y castiga qué señal se está dando a las personas que tienen ese pensamiento y acción de odio hacia los pueblos indígenas? Existe un deseo interno de eliminarnos, hay una hipocresía muy grande de la población que no acepta su raíz indígena”, agregó la especialista.

Apuntó a la necesidad de una mayor sensibilidad por parte de la población y que se haga el seguimiento de los casos y que se castigue el daño causado.

“Se deben dar respuestas inmediatas y sostenidas en el tiempo y no hablar un rato de esto y oparei. No tiene que quedar impune porque eso hace que crezca la ola de violencia y se diga así que la vida de un indígena no vale nada para las instituciones”, señaló.

Una respuesta rápida a la problemática sería mejorar los presupuestos y que estos sean adecuados y destinados a la niñez y pasar de las buenas intenciones articulando y coordinando interinstitucionalmente, con trabajos de campo y que las instituciones como el INDI cumplan una función digna con profesionales capacitados y dejen de tener una función asistencialista, paternalista y en base al chantaje.

“Se deben poner las pilas y coordinar, que tengan un abordaje integral del plan nacional con metas, indicadores y tiempo”, agregó.

Mencionó que existen avances que no pueden negarse como la escolarización, oportunidades y cupos para jóvenes pero al dar un paso adelante se retroceden cinco más por la dejadez del Estado.

Lamentó la existencia de un entorno etnocida que quiere la desaparición como pueblo y cultura y es una realidad no solo a nivel local sino regional. “No es la primera vez, ya tenemos como antecedente el genocidio Ache, los “moros” en el Chaco, le mataban y llevaban como trofeo los soldados, no es la primera vez que se da esto, hoy se plantea de otra forma porque ya no van a matarnos uno a uno como masacre pero es a través de otros medios, las drogas, el proxenetismo, la explotación sexual infantil sin que nadie haga algo”, advirtió.

Alvarenga vivió el desprecio desde que tiene uso de razón hacia los pueblos indígenas que no se manifiesta hacia otros grupos como por ejemplo los corruptos que son los que permiten que falten medicamentos en los hospitales y la gente siga muriendo por dengue por falta de prevención y agregó que pese al perjuicio esto no moviliza a la gente a manifestarse en contra.

Sí valoró que existe una generación joven que intenta solidarizarse y se moviliza aunque sean pocas personas que llaman y dan su apoyo y cuestionó en este aspecto si es que vale menos la vida de una niña indígena que de otra clase social que al pasar una desgracia se movilizan con procesiones, movilizaciones de silencio portando banderas blancas e indignación.

Casos registrados durante este año

Según el Observatorio Violencia de Género del Centro de Documentación y Estudios (CDE) son cinco los casos registrados en este año donde hubo violencia y muerte de niñas, adolescentes y mujeres indígenas, el resumen fue elaborado por Fátima Rodríguez a partir de casos publicados en el Observatorio de Igualdad y No Discriminación y son los siguientes:

Niña indígena de 12 años. (24 de febrero del 2020) . La niña fue identificada como Francisca Araújo Cáceres, de 12 años, perteneciente a la etnia Mbya Guaraní y oriunda de Curuguaty, Departamento de Canindeyú. Su cuerpo fue hallado en una mochila en las cercanías de la terminal de ómnibus de Asunción. Fuente.

Gumercinda Silva. (23 de febrero del 2020). Comunidad Vyapave, distrito de Azotey, departamento de Concepción. Fue hallada muerta y aunque se informó como suicidio, sus familiares no creen que haya sido un suicidio sino un feminicidio.

Carolina Espínola (Viernes 21 de febrero del 2020). 23 años. De la etnia guaraní que sobrevivía de la venta de artesanía en los semáforos de las esquinas de la ciudad de Asunción, fue encontrada muerta en los fondos del Parque Caballero. Aunque se habló de suicidio, no se descartan otras causas.

Embarazada y niña abusada. (30 de enero del 2020) Una mujer indígena embarazada y una niña de 11 años denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual por parte de las autoridades comunitarias. El hecho ocurrió en la comunidad indígena Boquerón, de la localidad de Jorge Sebastián Miranda, ex Jhugua Ñandú, del departamento de Concepción. Lleva el caso la fiscala Ondina Cabral. El autor fue detenido, pero las víctimas se encuentran amenazadas.

Adolescente indígena (28 de enero 2020) fue encontrada maniatada y son signos de abuso sexual en un local de una cervecería ubicada en Hernandarias, entre Estrella y Palma. Se llamó al SEME, pero no llegaron, según el relato del comisario, se le pudo llevar en la patrullera con presencia femenina. Se detuvo a una persona como responsable.

Agentes de la Comisaría 8va Central en la noche del sábado concretaron la detención de un presunto delincuente en la ciudad de Capiatá.

Se trata de Cristian David Riveros Sánchez, alias “Ka’i”, de 35 años, domiciliado en el barrio Santa Catalina, a la altura del Km 20,5 de la Ruta PY02 de Capiatá.

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El hombre fue sindicado como autor del asalto a una mujer de 70 años y un joven que se encontraban de visita en un cementerio, hecho que se registró en la tarde de ayer.

El ladrón fue atrapado por los agentes policiales en una zona boscosa del sector conocido como “Cable Guy”, en el barrio Santa Rosa de la citada localidad.

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Riveros cuenta con antecedentes por tentativa de hurto (2006), hurto (2009), coacción sexual y violación en grado de tentativa (2016) y hurto agravado (2018), además de tener una orden de captura pendiente, menciona el portal Sucesos Paraguay.

En las últimas horas se tuvo conocimiento de un presunto caso de abuso sexual infantil en la zona de Itapúa, teniendo como protagonista a una niña de 10 años de edad.

La menor -quien es oriunda del distrito de Carlos Antonio López- fue internada en grave estado en el Hospital Regional de Encarnación, a raíz de una infección generalizada, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Los médicos del centro asistencial constataron que la niña presentaba una fisura en el esfínter anal, la cual no fue tratada a tiempo y posteriormente derivó en la sepsis.

Este hallazgo hizo sospechar a los profesionales de blanco que la paciente había sido víctima de abuso sexual, motivo por el que dieron aviso a la Policía Nacional y el Ministerio Público para tomar intervención.

Las autoridades creen que la niña era mantenida en deplorables condiciones, esto considerando que tenía piques, piojos y caries, además de no contar siquiera con una cédula de identidad. De igual manera, se confirmó que apenas llegó a cursar el primer grado.

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Al ser entrevistada, la madre -quien no lee ni escribe- entró en algunas contradicciones al hablar sobre quién pudo haber lastimado a su hija. Incluso, habría afirmado que no se dio cuenta de la situación en que la misma se encontraba sino hasta el día de su internación.

El fiscal Gustavo Riveros finalmente formuló imputación contra la madre de la niña por el hecho punible de falta al deber del cuidado. Se prevé que, como parte de la investigación, se le quite la custodia de sus otros 7 hijos.

Una comitiva del Ministerio Público y la ANDE encabezó esta mañana un allanamiento en un inmueble ubicado en la compañía Yarigua’ami del distrito de Sapucai, departamento de Paraguarí.

Dicha propiedad se encuentra registrada a nombre del exdiputado Miguel Cuevas y, según confirmó su representante legal, había sido arrendada hace un mes a una mujer de nombre Ramona Peralta, quien reside en la zona de Alto Paraná.

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En el lugar se constató la instalación de una granja ilegal de criptominería, incautándose un total de 396 máquinas procesadoras de criptomonedas. Asimismo, se descubrió una conexión clandestina, alimentada por un transformador de 3.150 kVA.

Según informaciones proveídas por la ANDE, el suministro de este inmueble tenía una facturación mensual que se encontraba en torno a los G. 500.000, aunque el monto no condice con el consumo real.

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Se estima que el daño patrimonial para la empresa estatal alcanza los G. 873.000.000, esto en base a la capacidad del transformador hallado en la propiedad perteneciente al exparlamentario colorado.

El fiscal Alfredo Ramos dispuso la incautación de las máquinas mineradoras, que fueron trasladadas al depósito de la Fiscalía de Paraguarí para su resguardo. Por su parte, el transformador debió ser dejado en el sitio, debido a que no pudo ser removido por su gran peso y tamaño.